La sesión fue formalmente inaugurada, contó con el quórum requerido y se desarrolló con la mayoría necesaria, quedando constancia en el acta original debidamente resguardada. En consecuencia, se ratifica la plena validez de lo actuado.

La segunda convocatoria que informa el cambio de lugar y el nuevo horario de la sesión fue debidamente notificada a todos los consejeros. La asamblea se llevó a cabo en el horario previsto. Los consejeros que no participaron actuaron por decisión propia, no habiendo existido impedimento alguno para su ingreso o participación.

En relación a versiones posteriores, se rechaza la validez de cualquier documento que pretenda dejar sin efecto lo actuado durante la sesión. En particular, la denominada “acta de anulación” carece de legitimidad, entre otros motivos, por haber sido suscripta una vez finalizada la sesión del Consejo Superior y en un contexto extorsivo, incompatible con la libre voluntad de quienes intervinieron.

Durante la jornada se registraron hechos de extrema gravedad que afectaron el normal desarrollo institucional, incluyendo daños en el edificio, agresiones verbales y físicas hacia integrantes de la comunidad, y un clima de intimidación sostenido que condicionó el desarrollo de la sesión.

Se generó un clima de hostilidad y amedrentamiento sostenido, con presencia de personas —en algunos casos ajenas a la institución— que ejercieron acciones intimidatorias, afectando la libertad de circulación y el normal desenvolvimiento de la sesión. En ese contexto, la reunión debió sostenerse durante varias horas en condiciones adversas, bajo un entorno de presión constante orientado a forzar decisiones contrarias a lo actuado institucionalmente.

Asimismo, lo ocurrido resultó profundamente traumático para quienes permanecieron durante más de seis horas sin poder retirarse libremente del lugar, en un contexto en el que se vieron expuestos a situaciones que generaron temor por su integridad emocional y física.

En ese marco, se registraron también intentos extorsivos de obtener la suscripción de documentos destinados a invalidar la sesión, los cuales no fueron convalidados por la mayoría de los consejeros presentes.

El IUPA expresa su profunda preocupación por estos hechos y reafirma su compromiso con el respeto a la institucionalidad, la convivencia democrática y el derecho de toda la comunidad universitaria a desarrollar sus actividades en un ámbito seguro y libre de intimidaciones. Por ese motivo se decidió realizar la sesión en un espacio próximo de frecuente uso académico, con el fin de garantizar el normal dictado de clases y funcionamiento de la universidad.

En particular, se destaca que docentes y no docentes que desean desempeñar sus funciones con normalidad no pueden ni deben ser objeto de hostigamiento por parte de grupos minoritarios que no aceptan la diversidad de opiniones.

Finalmente, se informa que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Justicia para su correspondiente investigación.